Uso de armas en México… ¿qué tanto sirven las leyes?

Tras la balacera en Las Vegas, que dejó 59 muertos y más de 500 heridos, el pasado 1 de octubre, surge una gran pregunta: ¿Las regulaciones legales de la portación y uso de armas de fuego, realmente inciden en que la violencia disminuya?

Julian Santaella-Tenorio (et. al.) encontraron que en países desarrollados, como Estados Unidos, Canadá, Australia, Suiza, Brasil, Nueva Zelanda, y Sudáfrica, existe un sistema legal de uso de armas, y que “la simultánea implementación de leyes que incluyan restricciones con el uso de armas de fuego, está asociada con la disminución de muertes por armas de fuego. Las leyes que restringen la compra y el acceso a armas de fuego están también asociadas a la disminución de homicidios entre parejas y muertes no intencionales de niños” (2015, p. 140).

Sin embargo, en el mismo estudio se corrobora que la realidad de cada país es la que determina la forma en que las leyes influyen (o no) en la portación y el uso de armas. Y, por lo que descubrimos, países como México, Colombia y Brasil (por citar algunos casos interesantes de Latinoamérica), tienen, en efecto, una historia muy particular sobre el uso de armas de sus ciudadanos, y la relación que estas tienen con el número de muertes en cada uno de estos territorios.

México: El narcotráfico antes que la ley

En México, las redes criminales permiten un flujo fácil de uso y compra/venta de armas. El documento Country Fact Sheets, indica que: “El tráfico de armas de fuego en México está ligado principalmente con el tráfico de drogas, en el que los grupos criminales obtienen armas para proteger sus envíos de drogas ilícitas. (…)Las armas también son utilizadas para intimidar individuos, políticos, y grupos rivales, como una manera de controlar territorios” (Oficina de las Naciones Unidas sobre Crimen y Drogas, 2015, p. 68).

De acuerdo con Saúl Hernández (2016), periodista de Vice, “México tiene una de las legislaciones más estrictas en materia de posesión de armas de fuego y sólo cuenta con un almacén —que depende del Ejército— en el que se pueden comprar de forma lícita; sin embargo, hay más de 15 millones de ellas circulando en todo el país y 85 por ciento son ilegales, según un informe de la Cámara de Diputados.” La Ley en México “considera como delitos el tráfico, la venta, la portación y el acopio de armas sin permiso o de uso exclusivo del Ejército. Los ciudadanos sólo pueden poseer en sus hogares pistolas de funcionamiento semiautomático de calibre no superior a .38 (9mm.), previa notificación a la SEDENA. Cualquier arma diferente está prohibida”. Lo interesante es que, según el reporte Tiroteo (2017) de Gabinete sobre el uso de armas, la mayoría de los mexicanos desconoce esta información.

Hernández (2016) cita el Tráfico de armas: México-USA dado a conocer por la PGR en 2009, para indicar que la modalidad preferida de los traficantes de armas en México, es comprarlas a los residentes legales de Estados Unidos.

Según la organización Small Arms Survey, hoy se calcula que existen 15.5 millones de armas de fuego en manos de civiles, en México. Casi 100,000 mexicanos han muerto en los últimos 10 años por armas de fuego” (2016).

Como indica Hernández (2016), los delitos por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos aumentaron en el país 44% durante los años de la ‘Guerra contra el narco’. Según el autor, datos de la PGR indican que se incautó el mayor número de armas entre 2006 y 2014: (12.781 piezas) en la Ciudad de México; seguida por Baja California, Michoacán y Jalisco, todos estados con presencia del narco.

En definitiva, podemos concluir que la existencia de las leyes en México, no determina que estas sean cumplidas pues, a pesar de intentos externos que se han hecho para comprender el mecanismo del crimen organizado de raíz, los datos se pierden y las realidades se distorsionan. La investigación Rápido y furioso: armando al enemigo, de Univisión (2012), mostró que años atrás la Agencia de Tabaco, Alcohol y Armas de Fuego, del gobierno de Estados Unidos, permitió el ingreso ilegal de 2.000 armas a México con el fin de rastrearlas para capturar a narcotraficantes. La operación, llamada “Rápido y Furioso” resultó ser una tragedia, pues se perdió la pista de al menos 57 armas, que el narco usó después para cometer crímenes, como la masacre de 16 estudiantes en el fraccionamiento Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, el 31 de enero de 2010.

Wikipedia (2009) publicó en el mapa interactivo Guns per 100 Residents, las cifras del número de armas que posee cada 100 residentes de los siguientes países:

México: 15 por cada 100 residentes

EU: 90 por cada 100 residentes

Brasil: 8.8 por cada 100 residentes

Colombia: 7.2 por cada 100 residentes

La tabla de distribución de homicidios intencionales, por mecanismos y por país/territorio del Global Study on Homicide (2013, p. 141), indica que el número de muertes por armas de fuego en los siguientes países es:

México: 57% en el año 2011

EU: 60% en el año 2012

Brasil: No hay resultados para este país en el estudio

Colombia: 77% en el año 2011

Estados Unidos: Más armas que adultos…

En este país está probado que las leyes más estrictas sobre la posesión y el uso de armas de fuego han ayudado a bajar el número de muertes por esta causa, ya sea por homicidio o suicidio. Aún así este problema no se ha podido controlar por completo, y los números son prueba de ello.

En EU, la gente posee armas, más que en cualquier otro lado del mundo. En este país se revelan más muertes per cápita, por arma, que en cualquier otro país desarrollado (Perlstein, 2016). Los civiles de EU poseen tres cuartos de las armas de fuego totales en el mundo; existen más armas de fuego en este país, que adultos. En el 2013, las compañías crearon 11 millones de armas, de las cuales se exportó un 4%; mientras que se importaron 5.5 millones de armas de Austria y otros países (2016).

Pearlstein (2016), autora del artículo America’s Deadly Gun Addiction, by the Numbers,  señala que las masacres por arma de fuego en EU son comunes y, además, estas se han incrementado de manera radical en los últimos 15 años; a pesar de ello, alrededor del 50% de los habitantes del país apoyan el uso “controlado” de armas.

Brasil: Los números perdidos

Queríamos saber si en Brasil, al igual que en los países estudiados por Julian Santaella-Tenorio (et. al.), la implementación de leyes para regular el uso de armas tenía alguna incidencia significativa en la disminución de muertes por arma de fuego.

El Global Study on Homicide (2013, p. 47) indica que Brasil ha introducido medidas para combatir pandillas, para combatir la violencia relacionada con ellas, y leyes vinculadas con la confiscación de armas; con lo cual, ha logrado disminuir homicidios y robos. Sin embargo, el Mapa de la Violencia, elaborado por el Ministerio de Salud de Brasil (2016), señala que en el 2012 (el último año que registra cifras), este país llegó a su número más alto de fallecidos por armas de fuego: 42.416. Se indica que existen muchas muertes no incorporadas al registro, por lo cual es posible que el número real sea aún mayor.

El Global Study on Homicide (2015, p. 14) señala que 14% de las armas que se confiscaron por la policía, en Brasil, provenían de tráfico ilícito o contrabando, y que el 85% venían de otras referencias criminales. El mismo estudio indica que el 85% de las armas se registraron dentro de Brasil; mientras que el 15% proviene de afuera (p. 37); y que Estados Unidos parece ser uno de los exportadores más importantes en este aspecto (p. 35). Cabe mencionar que la producción de armas domésticas también es ilegal en dicho país (p. 39).

En conclusión, aunque existan leyes que disminuyan el número de muertes por armas de fuego, este parece seguir creciendo, y hay muchos números perdidos.

Colombia: El mercado criminal al control

El caso de Colombia, a pesar de que se han implementado legislaciones para regular el uso de armas de fuego; estas circulan de manera ilegal.

“Desde los años 90, las ciudades de Colombia introdujeron numerosas medidas para regular la violencia relacionada con armas; las cuales jugaron un papel importante en la reducción de homicidios. Aun así, después de varios años de violencia exagerada -sobre todo entre el 2002 y el 2006- la tasa de suicidio bajó significativamente. Restrepo y Aponte (2009) se refieren a este fenómeno como el ‘piso de cristal’ de los homicidios” (p. 21).

A pesar de esto, es notable que la tasa de suicidio por armas se mantuvo estable (p. 21); además,“el mercado criminal de las armas está muy controlado por grupos que no pertenecen al Estado, y que están involucrados con el conflicto armado (guerrillas y paramilitares), y por organizaciones de tráfico de drogas. Además, la vasta mayoría de armas que circulan en Colombia son probablemente ilegales (Small Arms Survey, 2006, p. 219). El Global Study on Homicide (2015, p. 35) indica que muchas de estas armas provienen, como en el caso de Brasil y México, de Estados Unidos.

Colombia muestra grandes proporciones de homicidios: arriba del 70% son cometidos por armas de fuego (Small Arms Survey, 2012, p. 1). Aun cuando en décadas pasadas se vio una situación comparativamente estable con la “paz mafiosa”, en la primera década del 2000 se presenció una campaña de organizaciones de tráfico de drogas en Colombia, y el levantamiento de los poderosos cárteles en México, que compiten por el control en América Central (Bosworth, 2010, citado en Small Arms Survey, 2012, p. 17).

La cuestión de si las regulaciones sobre el uso de armas incide en Colombia en la reducción del número de muertes sigue siendo una pregunta abierta para investigación futura (p. 33).

En suma, podemos observar que las leyes de portación y uso de armas de fuego influyen directamente en una disminución de muertes por arma de fuego, sobre todo en países desarrollados. Sin embargo, el caso de América Latina es muy distinto pues, aunque existan regulaciones que logren disminuir cierta cantidad de homicidios por arma de fuego, como en el caso de México, Brasil y Colombia, su realidad social y económica impiden que las leyes sean más fuertes que las determinaciones de las redes de crimen, que tienen su propia organización en cuanto a la compra, la manufactura (en Brasil) y el uso de armas de este tipo.

Fuentes:

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